Discriminación en el Cereso de Yucatán

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Mil 145 personas que están privadas de su libertad en cárceles de Yucatán se dicen parte de algún grupo étnico, y buena parte de ellas señala que recibió un trato desigual y discriminatorio por parte de los impartidores de justicia, atribuible, también según su percepción, a la inexistencia de defensores que hablen su lengua o dialecto.

Ante esto, la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Yucatán (Codhey) y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) firmaron un convenio para que los indígenas presos reciban asesoría y defensa legal en maya.

Tomas López Sarabia, presidente del Consejo directivo de Cepiadet recordó que el país, desde hace tres décadas, ha reconocido el derecho a la población indígena; sin embargo, se ha topado con que, aunque se tenga un marco jurídico amplio, desafortunadamente los derechos de la población indígena no se respetan en los sistemas estatales de justicia.

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