La reforma enviada al Congreso del Estado por el gobernador Alfonso Durazo establece que la “Ley Ingrid” no afecta a integrantes de colectivos de búsqueda, medios o periodistas, sino a funcionarios públicos e integrantes de las instituciones policiales, de procuración o impartición de justicia.
Después de una confusión en los términos de la aplicación de la “Ley Ingrid” en la que se establece hasta 10 años de cárcel para quien grabe o difunda imágenes videos o información de cadáveres, el pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 167 del código penal en Sonora.
La diputada Karina Barrera Lugo, informó que esta iniciativa fue enviada por el gobernador Alfonso Durazo para que quede textualmente claro que dicha ley, no afectará a integrantes de colectivos de búsqueda ni a comunicadores o periodistas, sino que está dirigida a funcionarios públicos e integrantes de las instituciones policiales, de procuración o impartición de justicia.
Con esto se corrige la anterior publicación presentada por la diputada Alicia Gaytán Sánchez, que fue aprobada en abril y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 7 de julio en el decreto número 40.
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