De forma unánime en el Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron la Ley 3 de 3 que busca para castigar y suspender que los deudores alimentarios y violentadores ocupen algún cargo empleo o comisión de servicio público.
Con 37 votos a favor, en la sesión ordinaria los diputados del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron la minuta de reformas constitucionales enviadas por el Senado de la República.
Las reformas aplicarán en los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, por medio de los cuales se busca suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por estar prófugos de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal.
Así como poder obtener una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
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