En México, la defensa social y jurídica de las comunidades para proteger sus tierras y mares frente al avance de megaproyectos industriales ha tomado una fuerza sin precedentes. Cada vez son más las poblaciones y agrupaciones civiles que recurren a los tribunales federales y a los tratados internacionales para exigir que cualquier desarrollo económico respete los ecosistemas locales, priorizando la salud de los hábitats naturales y el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su entorno.
Un reflejo directo de esta tendencia ocurre en el estado de Sonora, donde un juzgado federal concedió una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo que frena el avance del proyecto energético AMIGO GNL, planeado para operar en el puerto de Guaymas. La resolución judicial se dio a conocer a través de un boletín de prensa emitido por la asociación civil Nuestro Futuro, donde se detalla que la medida ordena a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) abstenerse de emitir cualquier tipo de autorización de impacto ambiental para esta obra hasta que se analice y resuelva a fondo la legalidad del caso.
Esta determinación jurídica, impulsada en los tribunales por Nuestro Futuro A.C. en Alianza con Artículo 19, representa un respiro importante para la biodiversidad del Golfo de California.
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