A medida que se acerca el proceso electoral de 2027, partidos políticos y equipos de campaña comienzan a preparar sus estrategias, mientras en Estados Unidos aumenta el seguimiento sobre determinados políticos, operadores y empresas de consultoría que podrían tener relevancia en las próximas elecciones mexicanas.
De acuerdo con los señalamientos expuestos por la periodista María Idalia Gómez, distintas agencias estadounidenses han construido expedientes y mapas de relaciones en los que aparecen políticos y consultores mexicanos. El interés estaría concentrado, entre otros aspectos, en posibles vínculos con organizaciones criminales y en movimientos de recursos que pudieran estar relacionados con actividades ilícitas.
El escrutinio no se limitaría a Morena. El Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano también aparecen mencionados en los señalamientos, particularmente por presuntas conexiones entre algunos de sus integrantes o candidatos y grupos delictivos. PRI y PAN tampoco estarían fuera del radar estadounidense, aunque, según la información citada, el nivel de preocupación sería menor.
Entre los elementos que supuestamente forman parte de las investigaciones se encontrarían documentos, comunicaciones, testimonios y otros materiales obtenidos por autoridades estadounidenses. Sin embargo, la existencia de una investigación o expediente no significa por sí misma que una persona haya cometido un delito.
La información plantea que, por ahora, seis entidades podrían enfrentar un mayor nivel de revisión de cara a las elecciones de 2027: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Quintana Roo y Chihuahua.
En Baja California se menciona a la senadora con licencia Julieta Ramírez, cuyo nombre habría sido incluido en investigaciones estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales. La legisladora ha mostrado públicamente su visa estadounidense, aunque el texto sostiene que las autoridades de ese país mantendrían abiertas indagatorias relacionadas con su caso.
En Michoacán, el panorama señalado alcanza al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a personas de su entorno. La información refiere presuntas investigaciones financieras y posibles contactos con grupos criminales, además de la identificación de operadores que habrían funcionado como intermediarios.
Sinaloa también aparece entre las entidades bajo observación. De un grupo de aspirantes de Morena mencionado en la publicación original, tres nombres —Ricardo Madrid Pérez, Gerardo Vargas Landeros y Fernando García— son señalados como personas que estarían bajo revisión de autoridades estadounidenses.
En Quintana Roo, uno de los nombres que aparece en el centro de los señalamientos es Rafael Marín Mollinedo. La publicación relaciona su entorno con una investigación periodística sobre presuntos nexos con la llamada mafia rumana, además de mencionar otras indagatorias estadounidenses relacionadas con posibles vínculos criminales.
Chihuahua tampoco queda fuera del escenario. Los nombres de Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar aparecen vinculados, según los señalamientos citados, a investigaciones relacionadas con el posible ingreso de recursos de procedencia ilegal.
Baja California Sur, uno de los focos principales
Uno de los casos que más nombres concentra es Baja California Sur. De acuerdo con la información difundida, autoridades estadounidenses tendrían bajo revisión a integrantes de un grupo político con influencia en la entidad y con relaciones políticas que alcanzarían a Morena, PAN y PRI.
Entre los personajes mencionados se encuentran el senador Homero Davis Castro; el secretario general de Gobierno estatal, José Saúl González Núñez; el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez; los exgobernadores Narciso Agúndez Montaño y Leonel Cota Montaño; el diputado Manuel Cota Cárdenas; el exalcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro; el subsecretario de Economía, Alonso Gutiérrez Martínez; el exsecretario del Trabajo estatal, Omar Zavala, y la diputada local del PT, Karina Olivas Parra.
La inclusión de estos nombres en presuntos expedientes o investigaciones estadounidenses no constituye, por sí misma, una determinación judicial de responsabilidad. Cualquier señalamiento de esta naturaleza debe distinguirse de una acusación formal o de una sentencia.
El factor estadounidense en la elección de 2027
El elemento que podría modificar el escenario electoral mexicano es que Washington estaría siguiendo con especial atención a quienes busquen competir por gubernaturas, congresos locales y alcaldías en estados considerados estratégicos para sus intereses.
Por ello, además de la competencia entre partidos y las mediciones electorales que comenzarán a multiplicarse conforme avance el proceso, los aspirantes podrían enfrentar otro factor: el escrutinio de autoridades estadounidenses sobre sus antecedentes, relaciones políticas y financieras.
La publicación advierte que la lista de entidades y personajes podría crecer durante los próximos meses. De confirmarse nuevas investigaciones o acciones oficiales, el impacto político podría ser considerable para los partidos que definan sus candidaturas rumbo a 2027.
