Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos denunciaron que el desplazamiento forzado en Chiapas se ha convertido en una “crisis sostenida en el tiempo”, relacionada directamente con la presencia y expansión de grupos armados ligados a economías ilícitas que ejercen control territorial mediante amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado y violencia directa.
De acuerdo con el segundo informe Chiapas, la paz pendiente, elaborado por diversas agrupaciones entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el fenómeno no es aislado ni temporal, pues persisten condiciones de inseguridad que obligan a cientos de familias a abandonar sus comunidades.
El documento señala que, aunque algunas personas desplazadas han logrado regresar a sus localidades, lo hacen en contextos de riesgo permanente, por lo que el retorno no representa una solución definitiva, sino parte de un ciclo continuo de expulsión, retorno precario y posible nuevo desplazamiento.
Las organizaciones aseguraron que la violencia generada por grupos armados continúa siendo el principal factor de expulsión, en medio de una respuesta limitada por parte de las autoridades estatales y federales.
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