El recrudecimiento de las políticas migratorias y la incertidumbre legal han consolidado una “crisis de silencio” en Arizona durante este mes de concientización contra la violencia doméstica. Organizaciones de apoyo y defensores de derechos humanos alertan que alrededor del 70% de las víctimas migrantes en el estado temen denunciar a sus agresores debido al profundo miedo de que el contacto con las autoridades resulte en su detención o deportación.
La desconfianza sistémica y el aislamiento se han convertido en las principales barreras para quienes sufren abusos en el entorno familiar. Según datos de agrupaciones nacionales y locales, los maltratadores están instrumentalizando el estatus migratorio como una herramienta de control psicológico, amenazando frecuentemente a sus parejas con llamar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o a la policía local si intentan buscar ayuda.
El miedo que paraliza las denuncias
La reconfiguración de las normativas de control fronterizo y el incremento de la cooperación entre agencias policiales y federales en Arizona han agudizado el desamparo de la comunidad indocumentada. Las víctimas se enfrentan a un dilema desgarrador: tolerar agresiones físicas y psicológicas continuas o arriesgarse a ser separadas de sus hijos y expulsadas del país si acuden a una corte o delegación a solicitar una orden de restricción.
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