La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió mantener el freno a la primera parte del Plan B de la reforma electoral y que impide su aplicación en Coahuila y Estado de México.
En la sesión de este miércoles, tres ministros votaron en contra del proyecto de Loretta Ortiz, quien propuso revocar la suspensión que concedió Alberto Pérez Dayán.
El ministro otorgó la medida en febrero pasado para que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas no se apliquen en esas dos entidades.
“Ha lugar a conceder la medida cautelar solicitada, para el efecto de que el Decreto combatido no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo, esto es, los correspondientes al Estado de México y Coahuila, pues de no concederse podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”, indica el acuerdo de Pérez Dayán de febrero pasado.
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