El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca del Poder Judicial de la Federación concedió la suspensión provisional del decreto 24 aprobado por el Congreso local, a iniciativa del gobernador Salomón Jara Cruz, por el cual se suprimió las bases a mil 344 trabajadores y que posteriormente derivó en un despido injustificado.
Esta suspensión provisional fue otorgada a un grupo de trabajadores que promovieron un amparo ante la justicia federal, y en ella, también se establece que el gobierno del estado debe garantizar el pago del 30 por ciento del salario bruto a los trabajadores como “derecho al mínimo vital”, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana”.
La resolución establece que este derecho al mínimo vital deberá cubrirse por conducto de las autoridades responsables en el respectivo ámbito de sus atribuciones, y corresponder con el salario que percibía por el cargo que ostentaba.
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