Cinco servidores públicos del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron formalmente imputados por presuntas faltas administrativas graves, como parte de las investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei.
El titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante la Cámara de Diputados que existen 18 expedientes abiertos, de los cuales 13 continúan en etapa de investigación y aclaró que todavía no hay resoluciones definitivas que determinen responsabilidades.
Durante su comparecencia ante las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, el contralor expuso posibles conflictos de interés, simulación de competencia entre proveedores, deficiencias en la comprobación de servicios y presuntas afectaciones a los recursos públicos.
Los procedimientos administrativos permiten que las personas señaladas presenten pruebas y ejerzan su derecho de defensa. Si las faltas se consideran graves, los expedientes deberán remitirse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que determinará si corresponde imponer sanciones.
Uno de los casos expuestos corresponde al contrato INE-007-2025, destinado a la compra de urnas y mamparas para el proceso electoral extraordinario, cuyo monto máximo ascendió a 198 millones de pesos.
Carvente señaló que la adjudicación directa se realizó por 26 millones de pesos más que la propuesta de Talleres Gráficos de México. También indicó que se habrían identificado modificaciones en las condiciones de contratación y posibles deficiencias en el estudio de precios de mercado.
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