El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, han rechazado por lo menos tres recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y cinco de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que evidencian la práctica de tortura sexual, detenciones arbitrarias y desaparición forzada en la entidad, que arrastra un historial de este tipo de abusos y delitos acumulados durante varios sexenios.
El tema llegó al Senado a solicitud de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, lo cual provocó que el gobernador –para evadir el fondo de las conductas arbitrarias atribuidas a servidores públicos y corporaciones, algunas de las cuales ni siquiera corresponden a su mandato, sino a sus antecesores– lo asumiera como parte del conflicto político que la 4T tiene con el senador Ricardo Monreal.
Esto ocurre pese a que el primer día de su gobierno, Cuitláhuac García emitió una alerta inédita en Veracruz: advirtió una crisis de violaciones a derechos humanos en materia de desaparición de personas y se comprometió al respeto irrestricto de los derechos humanos. Así, creó la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, un paso que generó una esperanza en colectivos del estado después del gobierno represivo de Javier Duarte. Pero las expectativas se diluyeron con el tiempo.
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