La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó este miércoles que las autoridades estadounidenses han decomisado bienes de lujo pertenecientes al círculo cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro, por un valor que supera los 700 millones de dólares. Esta decisión se enmarca dentro de una ofensiva clara contra el crimen organizado en el que, según Washington, estaría involucrado el régimen chavista.
Bondi detalló que los inmuebles y objetos incautados fueron localizados en República Dominicana y Florida, y forman parte de una red que ha sido calificada como “crimen organizado” semejante a las estructuras mafiosas tradicionales. Entre los bienes retenidos se encuentran:
- Dos aviones privados de alto valor
- Mansiones en República Dominicana y en el estado de Florida
- Una granja de caballos, nueve vehículos de lujo
- Joyas y grandes sumas en efectivo
“Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia. Los activos relacionados con Maduro superan los 700 millones de dólares que ya hemos incautado, pero su reinado de terror continúa”, declaró Bondi en una entrevista con Fox News.
La medida responde a una escalada de sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. El pasado 7 de agosto, el Gobierno estadounidense duplicó la recompensa, elevándola de 25 a 50 millones de dólares, por información que conduzca a su arresto. Esta cifra supera ampliamente las ofrecidas históricamente por capos como El “Chapo” Guzmán o Pablo Escobar.
Según la fiscal general, la administración de Donald Trump está convencida de que Maduro colabora con grupos como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para traficar drogas hacia EE. UU., consolidando así su empresa criminal transnacional.
Para el Gobierno de EE. UU., estas acciones no solo representan un golpe directo a los recursos de Maduro, sino también una fuerte señal de que “nadie está por encima de la ley”. Además, refuerzan su argumento de que el mandatario venezolano encabeza una red narcocriminal que debe ser desmantelada para salvaguardar la estabilidad regional.
Por su parte, funcionarios venezolanos han rechazado las acusaciones y las medidas tomadas. El entorno del régimen calificó los decomisos como actos de propaganda e injerencia política, rechazando categóricamente los señalamientos por narcotráfico y terrorismo.
