La empresa de servicios públicos más grande de Arizona, APS, planea construir dos turbinas de gas natural en el centro del estado para satisfacer futuras necesidades energéticas.
La controversia surge por la aprobación del proyecto mediante un certificado ambiental enmendado durante una reunión de “agenda de consentimiento”, sin compromisos significativos con las partes interesadas o el público, según Alex Routhier de la organización sin fines de lucro Western Resource Advocates.
La Comisión de Corporaciones de Arizona votó 4-0 a favor de la modificación de la planta de gas existente, basándose en un Certificado de Compatibilidad Ambiental de 2001 que originalmente expiró en 2006.
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