El Congreso del Estado de Chiapas ha aprobado una reforma a la Constitución Política del Estado que busca impedir que violadores, acosadores y deudores alimentarios puedan ser candidatos a puestos de elección popular en las elecciones de 2024. La reforma fue respaldada con 32 votos a favor en una sesión extraordinaria presidida por la diputada Sonia Catalina Álvarez.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, la diputada Elizabeth Escobedo Morales del partido Mover a Chiapas, explicó que esta reforma introduce la adición de la fracción VI al artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Chiapas en lo que respecta a la suspensión de derechos para ocupar cargos, empleos o comisiones en el servicio público.
Según la diputada Escobedo Morales, la reforma establece que las personas condenadas por violencia de género, incluyendo violencia doméstica, acoso sexual y deudores alimentarios morosos, no podrán ocupar cargos públicos o de elección popular, siempre y cuando tengan una sentencia firme de un juez. Para ello, las víctimas deberán presentar denuncias y los partidos políticos serán responsables de no registrar a candidatos con antecedentes de violencia.
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