El Congreso de Baja California fue omiso al incumplir con un mandato constitucional que le obliga a crear una defensoría de derechos político-electorales para la población indígena, pese a que se trata de una reforma aprobada desde septiembre del 2024, confirmó el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante la sesión realizada este día, fue revocada la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC), en la que declaró inexistente la omisión atribuida al Congreso de esa entidad federativa de realizar las adecuaciones normativas correspondientes para garantizar una defensoría pública en materia electoral para la población indígena.
El pleno del TEPJF determinó que el Congreso de Baja California sí incurrió en una omisión legislativa y, por tanto, deberá adecuar o emitir la legislación atinente para garantizar la implementación de una defensoría pública enfocada en garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales no solo de las comunidades y pueblos indígenas sino de cualquier otro grupo en situación de desventaja de dicha entidad federativa.
El asunto deriva del juicio de la ciudadanía que interpuso una persona indígena de la comunidad Triqui de San Quintín, Baja California, ante el TJEBC, debido a la supuesta omisión del Congreso local de emitir el decreto correspondiente o realizar la adecuación a las leyes secundarias, a fin de garantizar la creación de la defensoría pública para la tutela de los derechos político-electorales de la ciudadanía de ese estado.
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