El ejercicio del derecho a la protesta en Yucatán enfrenta prácticas de represión, vigilancia y estigmatización, advirtió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán al presentar un informe en el que documenta el uso desproporcionado de la fuerza y un trato diferenciado hacia distintos tipos de manifestaciones.
El reporte, titulado “El derecho a la protesta en Yucatán: desigualdades, resistencias y disputas por el espacio público”, señala que las autoridades suelen responder con mayor dureza a movilizaciones de mujeres o aquellas relacionadas con la defensa del territorio y el medio ambiente, mientras que mantienen una postura más permisiva frente a protestas consideradas antiderechos.
Durante la presentación, la titular del organismo, María Guadalupe Méndez Correa, advirtió que se han identificado tácticas de dispersión agresivas y violaciones sistemáticas, lo que impacta no solo el derecho a la protesta, sino otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación.
El documento también expone que las personas manifestantes enfrentan procesos de estigmatización que afectan la legitimidad de sus demandas, en un contexto donde, aunque el derecho a protestar está reconocido, en la práctica carece de garantías suficientes para su ejercicio.
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