Amnistía Internacional condenó el asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos e integrante del pueblo indígena tzotzil, ocurrido el 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, y exigió a las autoridades investigar el crimen considerando su trabajo de defensa de comunidades desplazadas como una posible línea de investigación.
La organización recordó que Pérez Pérez acompañaba desde hacía más de una década a familias indígenas obligadas a abandonar sus hogares por la violencia en la región de Los Altos de Chiapas. Su labor incluía exigir condiciones de seguridad para que las personas desplazadas de Santa Martha pudieran regresar a sus comunidades y denunciar las agresiones cometidas contra la población.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que el defensor contaba con medidas de protección oficiales desde 2023. Antes de ser asesinado había denunciado amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados, antecedentes que incluso fueron expuestos ante organismos de Naciones Unidas en 2025.
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