Las autoridades estatales y federales “siguen sin cumplir con sus obligaciones” de reparación y justicia para los pobladores víctimas del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, denunciaron los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS).
Tras sostener una reunión para constatar los avances de la implementación del Plan de Justicia Cananea-Río Sonora (PJC-RS), presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021, los CCRS aseguraron que el programa “sigue sin implementarse, careciendo de decreto, objetivos y planeación, y sin hacer justicia”, así como que las autoridades “comparten información errónea; no acatan las sentencias judiciales y evaden reuniones (pero sí se reúnen con Grupo México para negociar)”.
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