La práctica denominada corrupción inmobiliaria, que consiste en la participación de funcionarios públicos en la construcción de inmuebles ilegales, ya es delito en la Ciudad de México.
Justo a mitad de la campaña para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la administración de Martí Batres publicó la reforma al Código Penal local que tipifica la corrupción inmobiliaria como delito y la penaliza hasta con 20 años de prisión, con la opción de aumentar 50% más la sentencia si se comete para obtener beneficios económicos.
En un acto público, el jefe de gobierno Martí Batres anunció la publicación de la reforma en la Gaceta Oficial de la CDMX que tipifica la corrupción inmobiliaria como delito y la penaliza hasta con 20 años de prisión y que a partir de este miércoles entra en vigor.
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