Más de una decena de funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) enfrentan una denuncia penal por omisiones y falsificación de documentos en torno al despojo de un predio que ocupa una clínica de medicina familiar en Matías Romero.
La denuncia se presentó el pasado 24 de enero en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR y se inició la carpeta de investigación con folio FED/FEMCC/ FEMCC-CDMX/0000, por el delito de obstrucción de la justicia, dolo y dilación de un proceso judicial.
Este proceso penal fue iniciado por Alfonso Homero Nava, nieto de María Carmona de Constantino —propietaria del predio— a partir de que las autoridades denunciadas no actuaron contra los funcionarios involucrados en el despojo, y pese a las pruebas presentadas en una denuncia penal interpuesta por el Órgano de Control Interno (OIC) del ISSSTE.
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