El pasado 4 de abril fue publicada en el Periódico Oficial del estado de Nayarit la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización del Estado, aprobada cuatro días antes por los diputados de la entidad.
La nueva legislación ha generado opiniones divididas debido a que resta ‘poder’ al afectar las atribuciones de los gobiernos municipales, que tienen la garantía constitucional de determinar la forma en que se desarrolla urbanísticamente su territorio, y que ahora deberán compartir estas competencias con el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit (Iplanay).
El artículo cuarto de la nueva ley, uno de los puntos que más controversia ha suscitado, establece que “ningún fraccionamiento podrá llevarse a cabo dentro de los límites del estado sin la autorización previa expedida por el titular del Poder Ejecutivo, por conducto del Iplanay”.
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