En Campeche hay un retroceso en la libertad de expresión y comunicación, advirtió la Barra de Abogados y Profesionales del Derecho de Campeche tras el proceso iniciado contra un medio de comunicación que criticó a la administración estatal de Layda Sansores. La organización señaló que el hostigamiento hacia periodistas y plataformas informativas refleja una tendencia preocupante de control político y restricción del derecho a opinar.
La Fiscalía General del Estado pidió a Telemar Noticias entregar la lista de colaboradores y de quienes han publicado contenidos sobre la mandataria. El medio, que hoy opera principalmente en redes sociales, pertenece al mismo grupo editorial del extinto periódico Tribuna, con el que el gobierno estatal mantuvo un largo conflicto legal.
Francisco Eustaquio Portela Chaparro, presidente de la Barra, señaló que esta acción vulnera los artículos 6° y 7° de la Constitución mexicana. Consideró que el gobierno campechano intenta intimidar a quienes no se alinean con su discurso y promueven un ejercicio periodístico independiente.
“El derecho a disentir y a expresar una opinión contraria al poder no puede criminalizarse”, afirmó. Añadió que en Campeche se percibe un ambiente de temor entre comunicadores, donde la crítica es vista como una ofensa al gobierno.
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