Cobradores que utilicen amenazas o violencia para exigir el pago de préstamos o créditos podrían enfrentar hasta cuatro años de prisión, de aprobarse la iniciativa que analiza actualmente el Congreso de Puebla.
La propuesta, presentada por el diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Céspedes Peregrina, busca frenar prácticas de intimidación que afectan directamente a los deudores, incluyendo llamadas, mensajes o visitas fuera del horario razonable.
Además, contempla sanciones económicas que podrían superar los 50 mil pesos, con montos mayores según la gravedad de las acciones, como una forma de desincentivar el acoso y proteger el patrimonio de las familias.
Céspedes Peregrina aclaró que estas medidas no eximen a los ciudadanos de cumplir con sus obligaciones crediticias, sino que buscan que los cobros se realicen bajo un marco legal y transparente, respetando los derechos de los deudores.
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