Hasta 15 años de prisión y multas que superan los 350 mil pesos es la sanción que el Gobierno de Puebla propone para quienes encabecen redes de despojo inmobiliario, como parte de una iniciativa enviada al Congreso local para reformar el Código Penal del estado y endurecer el castigo contra este delito.
La propuesta del Ejecutivo plantea un enfoque diferenciado para sancionar con mayor severidad a los autores intelectuales y a los servidores públicos que faciliten estas prácticas, especialmente cuando las víctimas sean personas adultas mayores, con discapacidad, menores de edad o integrantes de comunidades indígenas, sectores considerados de mayor vulnerabilidad.
Durante una conferencia de prensa, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, explicó que la reforma introduce un esquema de agravantes que toma en cuenta tanto el nivel de participación en el delito como el perfil de la persona afectada, con el objetivo de cerrar vacíos legales que han permitido la operación de estas redes.
De acuerdo con el planteamiento, el despojo agravado podría castigarse con penas de entre 6 y 12 años de prisión y multas de hasta mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuando se cometa mediante documentos falsos o en perjuicio de grupos vulnerables. Para quienes financien, dirijan o coordinen estas operaciones, las sanciones se elevarían de 7 a 15 años de cárcel, además de multas de hasta 3 mil UMA.
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