A cinco años de la despenalización del aborto en Hidalgo, activistas señalan que todavía existen diversas barreras que dificultan el acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo, particularmente para mujeres que viven en comunidades alejadas o enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
Entre las principales dificultades identificadas se encuentran la falta de medicamentos en algunas unidades médicas, la objeción de conciencia de personal de salud y los estigmas que aún rodean a las mujeres que solicitan este servicio.
Las organizaciones y colectivas también han señalado que la distancia hacia los centros de atención representa un problema para quienes viven en comunidades rurales o indígenas, pues los traslados pueden implicar gastos y complicaciones adicionales. A esto se suman las dificultades para las mujeres que no hablan español o que requieren atención especializada.
Otro de los obstáculos señalados está relacionado con la atención que reciben las pacientes dentro de los servicios de salud. Activistas han advertido que los cuestionamientos y actitudes discriminatorias pueden convertirse en una forma de presión para quienes ya tomaron la decisión de interrumpir su embarazo.
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