El gobierno de Guerrero deberá avanzar en la creación de una Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y conductas relacionadas, luego de que un juzgado federal concedió un amparo promovido por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
La resolución fue emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, que acreditó la omisión de autoridades estatales, entre ellas el Poder Ejecutivo, la Fiscalía General del Estado y el Congreso local, para cumplir con la obligación establecida en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
De acuerdo con la sentencia, ninguna de las instancias señaladas logró demostrar que existiera un impedimento jurídico o presupuestal que justificara la falta de creación de esta Fiscalía especializada.
El caso surgió a partir de un litigio estratégico encabezado por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP, en representación de una mujer que denunció haber sido víctima de tortura en 2021, cuando se encontraba en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, en Iguala.
Los hechos denunciados también incluyen el traslado de la mujer al Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, así como presuntas agresiones ocurridas posteriormente en ese centro penitenciario.
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