La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece la obligación del Tamaulipas, de identificar a todas las personas fallecidas en calidad de desconocidas y que los restos sean entregados a sus familiares para que puedan dar sepultura y vivir su proceso de duelo.
En cumplimiento de ello, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizó el cotejo de huellas dactilares de cadáveres no reconocidos con el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de conformar registros forenses que permitan establecer la identidad de las personas fallecidas.
Este proceso inició en noviembre de 2020 y, hasta octubre de 2025, permitió dar nombre y apellido en 581 casos. De ese total, 370 expedientes fueron remitidos a las fiscalías distritales para realizar la entrega de los restos a sus familiares.
Del conjunto de personas identificadas, 48 contaban con denuncia previa por desaparición, de acuerdo con el séptimo informe de actividades del ex fiscal de Justicia, Irving Barrios Mojica.
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