Rosalinda Ávalos, exagente de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), vive bajo amenaza constante.
Su nombre se hizo público en noviembre de 2020 cuando irrumpió en el Congreso local para denunciar que Sabas Santiago Ipiña, aspirante a juez, estaba presuntamente implicado en el asesinato de sus hijos y tenía presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Con voz quebrada, lanzó una advertencia que aún resuena: “Ayúdame, me van a matar”. Su intervención derivó en la exclusión de Ipiña del proceso de selección de jueces al determinarse que no cumplía con los requisitos constitucionales.
Su denuncia fue contundente: “Uno de los responsables de la muerte de mis hijos quiere ser juez”. El comité de selección revisó el caso y retiró la candidatura de Ipiña, lo cual marcó un precedente en el ámbito judicial local. Sin embargo, esa victoria inicial se convirtió en el inicio de una persecución que se ha recrudecido cinco años después.
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