Con base en una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se reveló un sistema de corrupción institucionalizada que permitió el despojo ilegal de propiedades en distintos puntos del Estado de México, particularmente en el Valle de México y la zona oriente de la entidad. El esquema implicaba desde grupos de choque hasta funcionarios de alto nivel, pasando por notarios públicos que validaban documentos falsificados.
Cinco organizaciones, entre ellas la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), GOPEZ, Los 300, 22 de octubre y Los Gastones, actuaban bajo el disfraz de “organizaciones sociales” o “sindicatos”. Su tarea era apoderarse de casas, locales comerciales, naves industriales y predios, sin tener ningún derecho legítimo.
Estas agrupaciones operaban en complicidad con autoridades municipales y estatales, facilitando que los bienes robados fueran “regularizados” ante notarios públicos, a pesar de que estos conocían el origen irregular de los documentos presentados.
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