A partir del pasado sábado, y hasta el martes próximo, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitirá solicitudes a todas las autoridades del país, tanto locales como federales, para constatar que las personas postuladas como candidatas en el Proceso Electoral Federal 2023-2024 no tengan sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia doméstica, violencia a la intimidad sexual, violencia política, o sean deudores alimentarios.
Es decir, el INE verificará que los perfiles no incurran en cualquiera de los supuestos de la ‘Ley 8 de 8’ contra la violencia, pues, para el proceso electoral, dicho requisito constituye un instrumento normativo para determinar la pérdida del registro de las candidaturas que se ubiquen en cualquiera de los casos mencionados.
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