En el Congreso del Estado, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables avanzó en los trabajos de una iniciativa que podría cambiar el destino de cientos de personas que, todos los días, salen a documentar la verdad, a señalar abusos, a buscar justicia, y a exigir respuestas que otros prefieren ocultar.
Se trata de una propuesta de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y no es cualquier reforma: esta busca ampliar las medidas preventivas y de protección para quienes hoy ejercen el periodismo o la defensa de los derechos humanos en un entorno cada vez más hostil.
Durante la sesión, las y los legisladores coincidieron en algo fundamental: esta no es solo una reforma de papel. Es una declaración de principios. Un grito colectivo para decir que la dignidad humana no puede ser negociable. Que no habrá democracia plena mientras un periodista tenga miedo de escribir, mientras un defensor dude en alzar la voz por temor a desaparecer.
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