La confrontación pública entre autoridades de Puebla y Tlaxcala por la investigación del homicidio de Karina Ruiz y Alexandro Tello continúa sin una respuesta formal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que hasta ahora no ha fijado postura frente a los señalamientos del gobierno tlaxcalteca.
El vocero de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, cuestionó que la fiscal poblana, Idamis Pastor Betancourt, hiciera referencia a la posible clasificación del caso como delincuencia organizada, pese a que —según dijo— esa línea no corresponde a las indagatorias que se desarrollan en su estado. Afirmó que tal declaración generó especulaciones y pudo afectar el debido proceso.
En contraste, la fiscalía poblana únicamente difundió un comunicado para informar la vinculación a proceso de Alejandro A. N., Christian N., alias “El Bau”, y Miriam N., acusados de homicidio calificado. En ese mensaje institucional no se abordaron las críticas provenientes del gobierno de Tlaxcala ni se ampliaron detalles sobre la diferencia de versiones.
Otro punto de fricción radica en el lugar donde ocurrieron los hechos. Mientras la autoridad tlaxcalteca sostiene que el homicidio se cometió en el municipio de Chignahuapan, Puebla, un informe inicial de la fiscalía especializada poblana indicó que la desaparición y el crimen habrían ocurrido en Tlaxcala, lo que derivó en interpretaciones distintas sobre la competencia territorial.
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