El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) colocó como prioridad la transparencia en el manejo del financiamiento que el Gobierno de Campeche planea contratar y que obligará al estado a pagar durante las próximas dos décadas. La organización advirtió que el respaldo al proyecto dependerá de que se informe con precisión en qué obras se invertirá el recurso y bajo qué criterios.
El CCE señaló que endeudarse para generar infraestructura no es un riesgo por sí mismo, pero sí lo es hacerlo sin reglas claras. La falta de información —añadieron— permite especulaciones, tensiones políticas y desconfianza ciudadana en un contexto donde también se prevén recortes presupuestales de gran alcance.
Durante una conferencia de prensa, el jurídico del organismo, Jesús Quiñonez Loeza, recordó que tanto el sector público como el privado recurren al financiamiento cuando existen proyectos productivos. Pero insistió en que, antes de contratar deuda, debe explicarse con detalle cómo será administrada, qué obras se priorizarán y quiénes participarán en ellas.
A la postura se sumó la presidenta del CCE, Martha Reyes Aldama, quien dijo que el sector empresarial no rechaza la inversión —al contrario—, pero exige que la ejecución quede en manos de trabajadores y compañías campechanas. La derrama económica, resaltó, debe quedarse en el estado.
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