Detrás de las cifras hay una institución central: el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, una instancia federal adscrita a la Secretaría de Seguridad que coordina, supervisa y da seguimiento a los procesos de internamiento y reintegración social de personas en conflicto con la ley, incluyendo adolescentes.
Este organismo no solo recopila estadísticas; también define lineamientos, evalúa centros de internamiento y promueve estrategias para que las sanciones —privativas o no de la libertad— tengan un enfoque de reinserción y no únicamente punitivo. Es, en esencia, el eje que articula la política penitenciaria y de justicia juvenil en el país.
Con base en sus reportes más recientes, correspondientes al primer bimestre de 2026, el país registra 6,197 adolescentes bajo distintas medidas legales: desde sanciones en internamiento hasta procesos en libertad bajo supervisión. El dato, por sí solo, refleja la magnitud del reto.
San Luis Potosí ocupa una posición que podría definirse como de “alerta moderada”. Con 153 adolescentes en el sistema, se ubica en el lugar 14 a nivel nacional, justo en la mitad de la tabla. No se trata de una de las entidades con mayor presión, pero tampoco figura entre las de menor incidencia.
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