Derivado de las protestas y exigencias de pobladores de la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo (parte de la Selva Lacandona) en el estado de Chiapas, al gobierno estatal sobre una reubicación en un espacio seguro tras su desplazamiento forzado por conflictos con el crimen organizado, el gobernador de la entidad, Eduardo Ramírez Aguilar, rechazó la incidencia de grupos criminales en esta situación.
Durante su visita a Hidalgo para una firma de convenio en materia laboral, el mandatario estatal refirió que toda la población forzada a dejar sus comunidades en la entidad obedece a conflictos sociales, no a la presencia del crimen organizado y las disputas por el territorio de operación, situación que las personas señalan como principal motivo del abandono de sus hogares.
“No hay situación de crimen organizado, son temas sociales los que prevalecen y se les da atención (a estas personas) ante conflictos, algunas comunidades tienen usos y costumbres, se les respeta siempre pero se busca consenso; no hay desplazamiento como tal, son tensiones y se atienden siempre”, manifestó.
Por cuanto hace a la demanda que estas personas afectadas emitieron este 16 de diciembre en la sede del Ejecutivo local de Chiapas, sobre la garantía de reubicación en un espacio seguro, Ramírez Aguilar se limitó a responder: “hay albergues para reubicar, pero apostamos a la política y dialogo, están todos considerados, pero lleva un proceso la Secretaría de Gobierno (de Chiapas) y el ayuntamiento de Ocosingo, están encargados para poder reestablecer un mecanismo de paz y reconciliación entre hermanos”.
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