Un nuevo complejo habitacional fue autorizado en la playa de San Bruno, Yucatán, a pesar de que su propio estudio ambiental reconoce más de 90 impactos negativos. El proyecto de lujo se suma a una ola expansiva de urbanización que limita el acceso público a las playas y amenaza el equilibrio ambiental.
El desarrollo aprobado contempla seis niveles de departamentos y áreas recreativas, en una franja donde ya existen más de 2 mil 500 construcciones. La saturación urbanística ha cerrado los accesos tradicionales, afectando a comunidades como Dzemul, donde habitantes denuncian la exclusión y la escasez de agua.
Pese a que el Programa de Ordenamiento Ecológico prohíbe edificaciones que superen los siete metros o invadan 60 metros de duna, el nuevo proyecto fue validado. Además, será edificado sobre una zona clave del “Semicírculo de cenotes”, con riesgo directo al acuífero.
La Manifestación de Impacto Ambiental detalla remoción de vegetación local, excavaciones y desplazamiento de fauna, sin medidas claras de mitigación. Aunque el promovente argumenta beneficios económicos, no hubo consulta a la población, ni garantías de empleo para los habitantes.
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