En la capital de Jalisco, la crisis migratoria se agrava con la saturación de albergues que operan con recursos limitados. La falta de apoyo gubernamental ha llevado a que decenas de migrantes queden en la calle, expuestos a riesgos como la explotación laboral y la violencia.
Organizaciones civiles han denunciado que, lejos de implementar soluciones, las autoridades han incrementado las deportaciones. Esto afecta principalmente a mujeres y niños que buscan refugio tras huir de la violencia en sus países de origen. Los activistas piden políticas más humanas y programas que permitan una integración efectiva en las comunidades locales.
A pesar de la adversidad, algunos migrantes logran encontrar apoyo en iglesias y redes comunitarias. Estos grupos brindan alimentos, ropa y orientación legal, aunque la demanda supera ampliamente la oferta.
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