Con el firme propósito de garantizar una reparación efectiva del daño a las víctimas indirectas de feminicidio, las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, así como de Igualdad de Género y Familias, aprobaron el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 361 Ter del Código Penal para el Estado de Nayarit.
La iniciativa de reforma, presentada por la legisladora Jocelyn Patricia Fernández Molina, contempla la protección de los derechos de las víctimas indirectas en caso de feminicidio, y reconoce la mayor gravedad de este delito por el profundo impacto emocional, psicológico y económico que ocasiona en su entorno más cercano.
La reforma contempla penas más altas cuando el feminicidio ocurre en presencia de hijos, hijas o padres de la víctima, considerando este acto aún más grave.
En caso de que el agresor sea familiar cercano de la víctima, además de la prisión, de ser el caso, perderá la patria potestad, la tutela, los derechos sucesorios y no podrá ser tutor de los menores, ello para proteger su integridad personal y psicológica de estos últimos. El juez, tras dictar sentencia, enviará una copia certificada al Registro Civil para tomar las medidas legales necesarias.
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