El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, advirtió que desprivatizar el servicio de agua potable en el estado implicaría un gasto superior a los 10 mil millones de pesos, además de un largo litigio que lo haría inviable. Por ello, la administración estatal apuesta por obligar a la empresa Agua de Puebla, propiedad de la familia Hank Rhon, a cumplir con las inversiones pendientes en drenaje, saneamiento y agua potable.
Armenta Mier criticó que desde la privatización en 2013, la concesionaria ha incumplido con la inversión comprometida, dejando obras inconclusas y generando deudas que afectan directamente a la ciudadanía. La falta de acción de gobiernos anteriores y la complicidad de ciertos actores del Poder Judicial permitieron que la empresa operara sin sanciones.
El mandatario señaló que la estrategia actual del gobierno no busca la cancelación inmediata del contrato, sino presionar a la compañía mediante acuerdos con la Comisión Nacional del Agua, la Consejería Jurídica y el Poder Judicial, asegurando que cumpla con sus obligaciones sin impactar las finanzas del estado.
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