El gobierno de Miguel Barbosa Huerta interpuso un recurso de revisión en contra del amparo otorgado a organizaciones feministas con el cual se declaró inconstitucional la criminalización del aborto.
Las organizaciones Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS A.C.) y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) obtuvieron a mediados de octubre un amparo contra la regulación del delito de aborto en esta entidad.
Un juez de distrito dictaminó que los artículos del Código Penal de Puebla que regulan el aborto autoprocurado y consentido son violatorios a los derechos humanos como libre desarrollo de la personalidad, autonomía reproductiva, salud, igualdad, no discriminación y a no sufrir violencia, que corresponden a toda persona con capacidad de gestar.
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