Representantes del sector inmobiliario y organismos consultivos denunciaron presuntos actos de corrupción en la tramitación de permisos de construcción en Tijuana, donde funcionarios públicos estarían solicitando pagos ilegales —conocidos como “moches”— para agilizar o destrabar procesos administrativos.
De acuerdo con las denuncias, estas prácticas afectarían directamente a desarrolladores, quienes enfrentan retrasos, obstáculos burocráticos e incluso condicionamientos económicos para obtener autorizaciones municipales necesarias para sus proyectos. En algunos casos, los cobros irregulares se realizarían en moneda extranjera.
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