La batalla legal para frenar el deterioro ambiental en la Laguna de Cuyutlán enfrenta un nuevo obstáculo: la falta de cumplimiento por parte de autoridades federales, a pesar de órdenes judiciales vigentes. De acuerdo con representantes de la comunidad, las dependencias responsables han mostrado resistencia para acatar las medidas de suspensión definitiva emitidas por un juez federal, al grado de que ya existe un procedimiento relacionado con un posible desacato.
El caso surge por décadas de denuncias contra la termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno, señalada por habitantes del poblado de Campos y organizaciones pesqueras por su impacto en el ecosistema lagunar y en la salud de los habitantes. Tras años de exigencias sin resultados, se promovió un juicio de amparo contra varias instituciones del gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad.
El expediente judicial contempla acusaciones por presuntas omisiones en la supervisión, en la aplicación de la normatividad ambiental y en las medidas preventivas exigidas para evitar contaminación en la laguna. Aunque el juez concedió primero una suspensión provisional y posteriormente una definitiva, las organizaciones aseguran que el cumplimiento ha sido parcial e insuficiente.
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