Yucatán enfrenta una creciente ola de denuncias por incumplimiento de pensión alimenticia, un delito que, aunque frecuente, rara vez recibe castigo. Entre 2019 y febrero de 2025, se registraron más de mil denuncias, pero menos del 10% terminó en una condena, lo que refleja la ineficacia del sistema judicial para garantizar los derechos de niñas y niños.
El panorama en Mérida es particularmente alarmante: 745 casos fueron denunciados en la capital yucateca, mientras que en el resto del estado se contabilizaron 262. A pesar de haberse iniciado 648 procesos judiciales, más de 350 casos ni siquiera llegaron a juicio. En Mérida se dictaron 69 sentencias, pero menos de la mitad incluyeron prisión como castigo. En el interior del estado, los datos son aún más escasos, y en muchos municipios no se cuenta con registro alguno de reincidencia.
Uno de los problemas más graves es la ausencia de estadísticas que permitan identificar patrones de comportamiento entre deudores reincidentes. Mientras algunas localidades niegan que existan repetidores, otras simplemente no llevan registros al respecto.
El nivel de cumplimiento de las órdenes judiciales también deja mucho que desear. De las 61 órdenes de aprehensión emitidas entre 2019 y 2025, solo 43 fueron ejecutadas. Esto significa que cerca de una tercera parte de los deudores logró evadir la justicia, lo que contribuye a reforzar la percepción de impunidad frente a este tipo de violencia económica.
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