El rancho Izaguirre, utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para secuestrar, torturar y asesinar a sus víctimas, ha desatado una intensa batalla política entre las fiscalías, que se deslindan de responsabilidades mientras se acusan mutuamente. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, declaró este lunes en la Mañanera que no podrá proporcionar más información sobre el lugar hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma la investigación, algo que ya había exigido el fiscal general, Alejandro Gertz, el pasado miércoles.
Desde entonces, el discurso de las instancias federales ha estado dirigido a responsabilizar al Ministerio Público de Jalisco, que inició las diligencias en septiembre de 2024, tras un tiroteo entre la Guardia Nacional y sicarios del CJNG en el rancho. Sin embargo, la Fiscalía estatal, dirigida por Salvador González, ya entregó el expediente completo a la FGR el jueves, un día después del reclamo de Gertz. Ahora, depende de la FGR atraer oficialmente el caso, algo que aún no ha sucedido, según fuentes de la Fiscalía de Jalisco. Este cruce de acusaciones ha resultado en que la investigación se mantenga empantanada.
La Fiscalía de Jalisco hizo pública la entrega de todos los documentos relacionados con la carpeta de investigación sobre el caso Teuchitlán, un gesto de transparencia poco habitual en los ministerios públicos mexicanos. En el sello de la FGR se indica que se propone ejercer la facultad de atracción, una figura legal que permite a la FGR asumir investigaciones que normalmente recaerían en los estados. “Toda la información que solicitó la FGR ya está en su poder, solo falta que confirmen si la aceptan y la atraen”, afirmaron fuentes de Jalisco.
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