Por arrendamientos de vehículos sin acreditar, pagos para personas que habían fallecido, medicamentos comprados, pero que nunca estuvieron en bodegas ni fueron suministrados a pacientes, así como contratos con anomalías, el gobierno de Hidalgo debe acreditar el destino de mil 311 millones 708 mil 525.03 pesos de cuatro fondos y programas relacionados con educación y salud, además de participaciones federales, de los que dispuso en 2022, cuando fue gobernado (hasta el 4 de septiembre) por el entonces priista Omar Fayad Meneses y por el morenista Julio Menchaca Salazar.
Las observaciones son parte del tercer informe de la cuenta pública del referido año, entregadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) este 20 de febrero a la Comisión de Vigilancia de este ente inspector en la Cámara de Diputados.
El mayor monto reclamado para comprobación o reintegro a la hacienda pública es mil 178 millones 345 mil 468.34 pesos, que corresponden a Participaciones Federales a Entidades Federativas.
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