La Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó al Ejecutivo morelense la suspensión de los efectos del decreto 1324 emitido por el Congreso del estado, en que se ofrece certeza a los titulares de los órganos autónomos, incluida la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Con esa determinación, las consecuencias de la reforma aprobada el seis de septiembre que permiten al fiscal, Uriel Carmona, mantenerse en el cargo pese a la ausencia por más de 50 días derivada de su encarcelamiento bajo el principio de prisión preventiva justificada, se mantienen hasta que los ministros resuelvan la controversia constitucional que sobre la misma reforma interpuso la Consejería Jurídica del gobierno de Morelos.
El Poder Ejecutivo de Morelos interpuso una controversia constitucional contra el decreto 1324 mediante el que el Congreso buscó dar certeza a las ausencias de titulares de órganos autónomos del estado de Morelos, una deficiencia legal que quedó manifiesta con el encarcelamiento y posterior liberación del fiscal general del estado.
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