Las declaraciones de seis militares del 5º Batallón de Fuerzas Especiales, vinculados al presunto asesinato de cinco civiles el 18 de mayo, en Nuevo Laredo, en el norte de México, dibujan el caos del operativo previo, con el incumplimiento de órdenes por parte de los soldados, armas que se traban y la presencia de mandos en el terreno, desconocida hasta ahora.
El caso ha generado revuelo en la sociedad mexicana, que no suele atestiguar pruebas tan contundentes de su mal actuar. Al día siguiente de la publicación del vídeo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que “al parecer sí hubo un ajusticiamiento” y señaló que “no se puede permitir este tipo de situaciones”.
A los días, la Secretaría de la Defensa (Sedena) anunció la detención de 16 militares por delitos del fuero castrense, mientras aguardaba la acción de la Fiscalía General de la República (FGR). En las últimas tres semanas, el Ejército ha movido además a sus mandos en Nuevo Laredo. El 1 de junio, cambió al comandante de la Guarnición militar de la ciudad, el general Jorge González. El día 21, sustituyó al jefe del 16º Regimiento de Caballería, el coronel Héctor Aldape.
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