Socios conductores de Uber responsabilizaron al gobierno de Quintana Roo de tolerar las agresiones de taxistas y, al Congreso local, de incurrir en dilaciones para reformar la Ley de Movilidad, debido a que la clase política se ha visto beneficiada con placas de taxi.
“El Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo tiene al gobierno del estado de rodillas”, acusó Carlos Calzado, socio conductor, quien solicitó que el gobierno federal audite el status de las 50 mil concesiones que Erik Castillo, exlíder sindical, cuantificó como entregadas por la autoridad estatal.
“Que se revise en manos de quiénes están las 50 mil concesiones entregadas por el gobierno del estado. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede intervenir”, expresó luego de exponer que el transporte público es concesionado por el estado, por tanto, deben rendir cuentas.
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