La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó de manera oficial que ha iniciado un proceso de investigación para determinar la veracidad y el fundamento legal de las acusaciones emitidas por las autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El anuncio se produce tras la filtración de documentos y declaraciones provenientes de agencias de seguridad estadounidenses que vinculan al mandatario estatal con estructuras del narcotráfico, particularmente tras los eventos que derivaron en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.
Autonomía en la investigación
A diferencia de otros procesos de cooperación internacional, la FGR subrayó que realizará sus propias diligencias en territorio mexicano. El objetivo principal es contrastar la información recibida desde el extranjero con evidencias locales para confirmar si existen elementos suficientes para proceder penalmente contra el funcionario o contra otros servidores públicos mencionados.
Entre los puntos clave que la Fiscalía analizará se encuentran:
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La validez de los testimonios presentados por testigos protegidos en EE. UU.
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La posible participación u omisión de funcionarios estatales en operativos irregulares.
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La existencia de pruebas financieras que respalden los cargos por narcotráfico.
Sin indicios de extradición inmediata
A pesar de la gravedad de los señalamientos, las autoridades federales mexicanas han descartado, por el momento, iniciar un proceso de extradición. La postura del Gobierno Federal se mantiene en que cualquier acción judicial deberá estar estrictamente apegada al marco constitucional mexicano y basada en pruebas sólidas generadas por la propia FGR.
“No se actuará bajo presiones externas; la investigación determinará si las acusaciones tienen un sustento real en los hechos ocurridos en Sinaloa”, señaló una fuente de la dependencia.
Por su parte, el gobernador Rocha Moya ha reiterado su disposición para colaborar con las autoridades, insistiendo en que las acusaciones son parte de una campaña de desprestigio y que no existen pruebas que lo vinculen con el crimen organizado.
