El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU decidió remitir a la Asamblea General un informe sobre la situación de desapariciones en México con carácter urgente, documento que señala la existencia de indicios que apuntan a prácticas que podrían encuadrarse como crímenes de lesa humanidad, al considerar que se presentan como actos generalizados o sistemáticos contra la población civil.
El presidente del comité, Juan Albán-Alencastro, indicó que el análisis se centra en la magnitud y repetición de los casos, más allá de su distribución territorial.
El informe refiere que estos hechos pueden involucrar tanto a autoridades en distintos niveles como a grupos que operan con tolerancia o complicidad de funcionarios, aunque aclara que no se identificó una política federal orientada a ordenar desapariciones.
Como parte de sus conclusiones, el organismo propuso la creación de mecanismos que permitan esclarecer los casos y fortalecer la atención a las familias.
Entre las medidas planteadas se incluyen apoyo técnico, recursos financieros y asistencia especializada en tareas de búsqueda, análisis forense e investigación. El documento también menciona cifras relacionadas con fosas clandestinas y restos humanos sin identificar, como parte del diagnóstico presentado.
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